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Un informe de Iberdrola desmontó las trabas de Hacienda para eliminar el impuesto de la luz

Factura de la luz de una compañía española
photo_camera Factura de la luz de una compañía española

El Tribunal Constitucional avaló en julio el impuesto del 7% a la generación eléctrica. Fue implantado por el Gobierno del PP en 2012 para reducir un déficit de tarifa que superaba los 24.000 millones de euros.

El TC tómo esta decisión después de que el Supremo dudara de su constitucionalidad y le elevara el caso. En el auto, concluyó que no había doble imposición y que el impuesto, con el que el Estado recauda unos 2.700 millones al año, no se solapa con otros tributos.

En cambio, Iberdrola viene defendiendo desde hace años que no se trata de un tributo extrafiscal, sino fiscal y, por tanto, recaudatorio sin más. Por tanto, destaca que “no cumple la finalidad extrafiscal de protección del medio ambiente”.

Critica que no se tiene en cuenta cuál es la fuente de producción de energía eléctrica (más o menos contaminante) y se atribuye el daño medioambiental, no a la instalación eléctrica, sino a las redes de distribución y transporte que necesita la energía eléctrica producida.

Hacienda se oponía a bajar la fiscalidad eléctrica

Ahora, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado la eliminación del impuesto del 7% a la generación. Ha cifrado entre un 2,5% y un 4% la bajada de la factura doméstica, y entre un 5% y un 5,5% para el gran consumidor industrial.

Pero antes de sacar adelante la medida, el departamento de Ribera encontró los mayores problemas en las reticencias del Ministerio de Hacienda. Se oponía a eliminar alguno de los impuestos medioambientales que gravan la producción eléctrica, especialmente el del 7%. Alegaba que la medida iba a provocar “una caída brutal de la recaudación”.

No provocará un desplome de la recaudación

Sin embargo, según ha podido confirmar Confidencial Digital por fuentes conocedoras de las negociaciones, la mediación de las grandes compañías eléctricas, dado que el Ministerio de Transición Ecológica consultó la medida con todo el sector, resultó definitiva para corregir las previsiones elaboradas por los técnicos de Hacienda.

Hay que recordar que el impuesto del 7% se aplica a las grandes eléctricas, pero termina reflejándose en la factura que pagan los clientes.

En el caso de Iberdrola, según las fuentes consultadas por ECD, la eléctrica destacó, en un informe compartido con los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, que el Estado está siendo el gran beneficiado por la subida de los precios de la electricidad en los últimos meses.

Esta circunstancia le reportará este año, según los cálculos de la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán, 1.400 millones solo por las subastas de los derechos de emisión de CO2, frente a los 500 millones que, aproximadamente, venía recaudando anualmente.

A estos ingresos hay que sumar que la subida de la electricidad, con los incrementos correspondientes a la recaudación del IVA del 21% que grava la factura de la luz, permitirá al Estado superar los ingresos actuales de 8.400 millones de euros al año.

Por lo tanto, el efecto sobre las arcas públicas será mínimo, es decir, se seguirá recaudando prácticamente lo mismo. En otras palabras, debido a los altos precios que registra el mercado mayorista, el Estado puede permitirse suspender “temporalmente” este tributo, con el que recibe cada año 2.700 millones de los contribuyentes.

Esta carga solo representa una parte pequeña de la factura, ya que los costes fijos, como son los peajes eléctricos o el alquiler de los contadores, se suman aparte a los gastos por el consumo, que solo representa el 35% total del recibo.

Hay que recordar que el precio mayorista de la luz alcanzó este miércoles un nuevo máximo anual, con una media para el día de 75,93 euros por megavatio hora (MWh), según datos del operador del mercado ibérico (OMIE).

Ahorro de 1.000 millones... para los usuarios

Así las cosas, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reconoció este jueves en una entrevista en RNE, que la eliminación “temporal” del impuesto de generación, anunciada el día anterior por Teresa Ribera, supondrá una “merma de ingresos en el entorno de los 1.000 millones de euros”.

Pero Montero aclaró poco después que “esos van a ser los ahorros que van a tener las familias españolas” y que se compensarán con “otras partidas presupuestarias” que no especificó. Matizaba de esa manera la “merma de ingresos” que la medida supondrá en realidad para las arcas del Estado.

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